Juana, vecina de Carolina, acaba de recibir su “rediseñada” factura de LUMA. Aumentó de sus acostumbrados $80 a $230 el mes. Lorenzo, vecino de Guaynabo, está a cargo de cuidar a su esposa, la cual lleva
encamada varios meses. Necesita tener los acondicionadores de aire encendidos la mayor parte del día. Sin embargo, no estaba listo para ver que, durante los pasados meses, su factura se duplicaría. Mientras tanto, un industrial local reacciona a un aumento de 600% en la factura de electricidad de su compañía.
A todas estas, el gobernador Pedro Pierluisi ha sugerido transferir $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar los aumentos que entraron en vigor el 1 de julio.
Nos preguntamos, ¿quién protege el bolsillo de Juana? ¿Quién protege el de Lorenzo? ¿Y, quien protege a los cientos de miles de industrias y empresarios puertorriqueños? La triste realidad es que nadie los protege. No los protege el gobernador, ni el Senado, ni la Cámara de Representantes, ni muchos de los gremios.
Es importante señalar que muchas familias, comerciantes e industriales no tienen el capital para enfrentar este continuo y despiadado aumento, por lo que podrían fracasar, emigrar o declarar bancarrota. ¿Habrá un político valiente que los socorra?