Así es, dentro de poco tiempo encontraremos a muchos de los exalcaldes en varias esquinas de sus municipios vendiendo todo tipo de activos: desde un precioso (pero vacío) edificio que se construyó “sin ton ni son”, hasta automóviles de último año, computadoras que todavía se encuentran en sus cajas —luego de varios años y posiblemente obsoletas— y muchas otras cosas más.
Siendo este el panorama, vemos cómo se desparraman en la isla 30 de los 78 municipios. Llegó la hora de entender que los chavitos son necesarios para pagar las deudas.
Por más de medio siglo se rumora, por los pasillos del Capitolio y en las reuniones de muchas de las juntas de directores del sector privado, que había que disminuir la burocracia del gobierno. Que había que darles paso a los proyectos del sector privado con más prontitud y, además, que era urgente disminuir la carga contributiva, la cual era (y es) onerosa para los contribuyentes de la isla —quizás con la excepción de los agraciados que disfrutan de las exenciones de la Ley 60.
¿Tendrá un efecto positivo en los bolsillos de los contribuyentes el cierre de estos (y quizás otros) municipios? ¿Verán los residentes de los municipios afectados un mejor y más eficiente servicio? Quizás, aunque esto no se ha discutido en los medios noticiosos. ¿Veremos una merma en la burocracia que tanto arropa al sector privado?
Este es otro tema de envergadura que tampoco se vislumbra en las discusiones.