Desde principios del siglo XX, la economía de Puerto Rico ha dependido de una forma u otra de incentivos federales. Durante la época de la industria azucarera, las cuotas asignadas a Puerto Rico le daban una ventaja competitiva marcada con relación a la azúcar que producía Cuba. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria militar invirtió sobre un billón de dólares en infraestructuras tales como carreteras, bases, aeropuertos y adiestramientos vocacionales.
En la posguerra vimos el renacer de la manufactura, con incentivos que culminaron en la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, incentivo que fue eliminado en el 2006. Ante tal escenario, la administración del gobernador Luis Fortuño aprobó la Ley 154 en el 2010. Esta ley impone un impuesto del 4% a las compañías foráneas establecidas en la isla. Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) le proveyó una deducción del 100% de la cantidad tributada, aunque este arreglo era más bien de índole temporero.
La administración del presidente Donald Trump ha indicado que este “arreglo” va a caducar. ¿Qué significa esto para nosotros?
El primer impacto lo verán las compañías que se benefician de esta deducción, que para nuestro fisco representaba sobre dos billones de un presupuesto histórico de nueve billones.
Esto afecta, por lo menos a corto plazo, nuestra habilidad de retener y de atraer nuevas inversiones.