Durante las pasadas semanas nuestros políticos y varios otros gremios han tratado de ponerle un parcho a las finanzas del país a la luz de la despedida de los beneficios adjudicados a la Ley 154. Estos, como ya se ha discutido a saciedad, contribuyen alrededor de $2 billones al fisco local.
Los medios nos han informado de que se ha llegado a una resolución ante esta encrucijada. Se van a cambiar las reglas del juego en cuanto a los arbitrios que se les cobra a las multinacionales.
En vez del impuesto del 4% que se cobra por las ventas a cada corporación, se cobrará el 10.5% de los ingresos. Por otro lado, harán un sinnúmero de extensiones las cuales podrán en su momento disminuir la cantidad de ingresos sujetos a contribuciones.
Eso, quizás en papel, suena bueno. Sin embargo, al evaluar algunos “detallitos”, las cosas no se ven con tanta claridad.
Por ejemplo, ¿pagaran las multinacionales más o menos contribuciones? Si van a pagar más (lo cual es improbable), ¿seguirán invirtiendo en Puerto Rico? ¿Por cuánto tiempo adicional podrían mantener sus operaciones en la isla?
Por otro lado, si en el agregado, los impuestos que pagan las multinacionales suman menos de los $2 billones con los que en la actualidad cuenta el fisco, ¿de dónde se obtendrá el remanente?