No es un millón, ni tampoco 10 o 100 millones de dólares. Sí, fue de sobre $1,000 millones la
friolera que la compañía de consultoría McKinsey le cobró la Junta de Supervisión Fiscal (y, por ende, factura que
nos toca pagar a nosotros) por sus servicios (los cuales no han terminado de proveer).
Nos preguntamos, ¿era meritorio este contrato? ¿No tenemos talento en nuestra isla que podría haber sido contratado para esos menesteres? De seguro que la contestación es un rotundo sí.
Entonces, nos preguntamos, ¿qué impidió sustituir los $1,000 millones que se desvanecen de esta isla en bolsillos de inversionistas extranjeros para, en vez, ponérselos en los bolsillos de empresas locales? Por otro lado, aflora la duda: ¿hubo subastas competitivas y abiertas a la competencia para otorgar estos contratos?
Tal parece que la Junta de Supervisión Fiscal opina que aquí escasean los talentos adecuados, lo cual es una concepción muy errada. De hecho, Puerto Rico exporta una cantera de talentos en áreas como la medicina, ingeniería, ciencias, educación, tecnología y demás profesiones.
Nuestros profesionales se han destacado y han recibido menciones y honores por las múltiples contribuciones que han hecho en Estados Unidos. ¿Qué impide que reconozcamos los talentos de los que residen aquí?
Estas contrataciones que hace la Junta de Supervisión Fiscal “a oscuras y en cuartos cerrados” son intolerables e inaceptables, y deben, de inmediato, ser descontinuadas.